“El aumento global de la minería «artesanal» a pequeña escala (MAPE) amenaza los bosques tropicales biodiversos y expone a los residentes a niveles peligrosos de mercurio”. Así comienza un estudio elaborado por Universidades de Puerto Rico y Wisconsin en el que ponen de manifiesto que sin una política clara, o debido a la falta de control posterior para su cumplimiento, las operaciones mineras en pequeña escala podrían crear más daños al medio ambiente en lugar de prevenirlos.
Los gobiernos y las agencias de desarrollo están invirtiendo millones de dólares en la formalización de la MAPE: registrar concesiones y demarcar zonas de extracción para promover el cumplimiento normativo y alejar la minería de las áreas ecológicamente sensibles. Pero los resultados ambientales de estas iniciativas rara vez se evalúan de manera sistemática, explican los responsables del estudio, que han analizado un caso práctico paradigmático
Realizaron un seguimiento de los cambios de 2001 a 2014 en una región rica en oro de la Amazonía peruana después de que la administración emitiese más de 1.700 licencias y estableciese restricciones en las zonas más sensibles.
La minería aumentó drásticamente durante este período, talando cerca de 40.000 hectáreas de bosque. Después de que se declaró el corredor minero y se incrementó la aplicación, se abrieron nuevos sitios mineros con mayor frecuencia dentro de las áreas tituladas y dentro del corredor.
Sin embargo, la minería también aumentó en las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y las comunidades nativas, y la proporción de área minera que se encuentra fuera del corredor creció, concentrada en unos pocos puntos críticos.
Más allá de la ley
A los mineros les molestaba el lento y costoso proceso de formalización, y por eso muchos recurrían a las ‘trampas’ comprando licencias para reforzar sus áreas territoriales, evitar la vigilancia, obtener crédito y reclutar mineros ‘invitados’ a los que pagaban y que generalmente ignoraban las regulaciones, según el informe.
“Sin una aplicación adecuada, una coordinación interinstitucional y una atención a los reclamos de tierras en competencia, la formalización de la MAPE puede acelerar la destrucción ecológica” concluye el estudio.
