Desde instituciones como la Unión Europea y la ONU se ha condenado el “uso desproporcionado de la fuerza” durante las protestas. El conflicto alcanza de lleno a las zonas mineras, una actividad “tradicional y ancestral que ha sido estigmatizada porque en algunos territorios se encuentra sometida por actores criminales de la extracción ilícita de minerales, de la cual la MAPE es víctima” explican desde la Alianza.
“La ARM concuerda con la necesidad de controlar la extracción ilícita articulada con redes criminales, pero llama al Senado y al Gobierno a revisar el Proyecto de Ley 059 de 2020 que establece medidas para erradicar la explotación ilícita de minerales. El actual proyecto de ley afecta directamente a los mineros tradicionales, ancestrales y de subsistencia del país en condición de informalidad, estigmatizando su labor y excluyéndolos de los mercados legales”.
Inclusión en el ámbito financiero
La organización hace también una llamada a la regularización de las actividades mineras que trabajan “con cadenas de suministro legales” para hacer posible su operación formal y la comercialización de sus minerales en cadenas de suministro legales.
Según las estimaciones de la Fiscalía colombiana y de un informe independiente financiado en colaboración con el Gobierno suizo, la extracción de oro en Colombia es la que más sufre por la actividad no regulada en toda América Latina y se estima que cerca del 80% de su producción es «ilegal». Aunque los datos oficiales son casi imposibles de contabilizar el país se sitúa en el cuarto lugar por volumen del continente, con unas 60 toneladas de oro anuales.
En palabras de Harbi Guerrero, vicepresidente de la ARM y minero tradicional, “exigimos una solución a nuestros muchos problemas como la legalización minera, la inclusión en los procesos de formalización, la libertad de asociación y el acceso a los servicios bancarios y financieros. Hemos esperado tanto tiempo por soluciones que nunca llegaron, así que es hora de resolver la MAPE hoy «.
